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Violación, abuso y tortura: mujeres en manos de las fuerzas de seguridad

En 2013, Mónica fue violada por seis policías, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y la torturaron para que confesara un crimen que no cometió; “No debemos ser tremendistas”, dijo el senador Miguel Barbosa ante la publicación del informe de Amnistía Internacional. 

manos esposadas

Con el objetivo de obtener confesiones rápidas y así elevar las cifras que avalen la percepción de que están combatiendo el crimen organizado, el ejército y las fuerzas de seguridad mexicanas maltrataron física y psicológicamente a cientos de mujeres detenidas; según revela un informe publicado por Amnistía Internacional (AI).

100 mujeres recluidas en prisiones federales fueron entrevistadas por especialistas en temas de derechos humanos para la creación de este documento, en el cual 72 admitieron haber sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores y 33 confesaron que fueron violadas. De estos casos, sólo 66 denunciaron ante un juez u otra autoridad las agresiones cometidas en su contra, pero sólo en 22 se realizaron las investigaciones correspondientes.

“Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado de prensa.

Tal es el caso de Mónica Esperanza Castro, una mujer de 26 años originaria de Coahuila y madre de cuatro hijos. El 12 de febrero de 2013, ella fue violada por seis policías y después le aplicaron descargas eléctricas en genitales y piernas, la asfixiaron con una bolsa de plástico, le hundieron la cabeza en un cubo con agua, le golpearon el trasero con un tablón de madera y la arrastraron por el suelo agarrándola del cabello. Por si fuera poco, la obligaban a ver cómo torturaban a su hermano y a su esposo delante de ella. ¿El motivo de semejante crueldad? Hacer que confesara que formaba parte del cártel de los Zetas.

 

Actualmente, Mónica se encuentra en prisión acusada de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de manutención. En abril de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que pedía se investigara el caso, después de que expertos forenses confirmaron la violación y la ejecución arbitraria de su cónyuge a consecuencia de la tortura que sufrió.

En 2015, un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llegó a la conclusión que el 83 % de los policías de todos los niveles no están capacitados para adaptarse al nuevo sistema de justicia, el cual los obliga a respetar el principio de presunción de inocencia de todos los detenidos, por lo que deben presentar pruebas científicas e irrefutables que demuestren la culpabilidad de los acusados.

De acuerdo con AI, la tortura desempeña un papel central en la forma de operar de las fuerzas militares y policiales en México, dichas prácticas están consentidas y toleradas por los impartidores de justicia, miembros del ministerio público y algunas comisiones de derechos humanos locales. Prueba de esto, son las declaraciones que el senador Miguel Barbosa hizo sobre la publicación de este informe: “No debemos ser tremendistas. [Dichas organizaciones] suelen hacer conclusiones que luego se separan de la realidad. A ver, que alce la mano quien ha sido objeto de tortura aquí”.

Redacción

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