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¿Sancionar, regular o prohibir? La prostitución desde tres perspectivas

10 años después de que entró en vigor el modelo sueco, el número de compradores de sexo descendió del 13.6 % a menos del 8 %; en Holanda, Alemania y Dinamarca la prostitución es un trabajo legal con derecho a prestaciones. 

Dos mujeres posan frente a las ventanas de un comercio mientras unos hombres las miran en la noche

En Suecia está prohibido comprar servicios sexuales desde 1999. Asimismo, en Francia, desde abril de este año, la ley castiga con multas de hasta 3 mil 750 euros a quien pague por sexo.

Dichas naciones son vanguardistas en el tema porque sus gobiernos decidieron tomar otra ruta de acción: en vez de penalizar a las prostitutas, a las que consideran víctimas que no ejercen el oficio por decisión propia, se busca acabar con el comercio sexual sancionando a los clientes; es decir, el objetivo es eliminar la demanda para que no haya oferta.

El llamado modelo sueco está cobrando fuerza en el continente europeo y el resto del mundo. Tras Suecia, la criminalización de los clientes de la prostitución se aprobó en Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte, Noruega y Francia.

Quienes están a favor de esta postura argumentan que estas medidas tienen un efecto disuasorio en la población, ya que al volver la prostitución algo vergonzoso y penado para quien la consume, la gente pierde interés en comprar sexo. La directora de la unidad sobre temas de trata de la policía sueca, Kajsa Wahlberg, explicó al diario El País que, diez años después de que entrara en vigor la ley, el número de compradores de sexo descendió del 13.6 % a menos del 8 %.

Pero también existe otra alternativa a la criminalización. Las corrientes legalistas sostienen que el trabajo sexual se puede ejercer de manera libre, por lo que aquí la misión final es regular, no castigar. Holanda es un buen representante de este segundo modelo, ya que la prostitución se considera un trabajo con derecho a seguridad social. Otros gobiernos que han optado por este esquema son Dinamarca y Alemania.

Estos sostienen que la penalización del cliente no beneficia a las trabajadoras del sexo, sino que las expone más a la violencia y al aislamiento. Un colectivo europeo denunció que las políticas suecas “abocan a las trabajadoras sexuales, sobre todo las de la calle, a trabajar a las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes”.

Sin embargo, existe una tercera opción, quizá la menos recomendable de todas, la que se origina desde el prohibicionismo y la ilegalidad. En dicha corriente, la prostitución es estrictamente ilegal y, en la gran mayoría de los casos, se persigue sólo a las mujeres que lo practican, muchas veces en contra de su voluntad. Además, los códigos penales de las naciones que aplican esta estrategia no tienen claro qué es lo que está prohibido: la trata de personas, el proxenetismo, las “faltas a la moral” o las infracciones de salubridad. España, Hungría e Italia son algunos ejemplos emblemáticos que siguen esta forma de atender el fenómeno.

Conocer y discutir estos tres modelos distintos es fundamental para entender en qué contextos específicos la prostitución debe ser sancionada, legalizada o prohibida. Por supuesto, cualquier ruta de acción que se quiera emprender debe tomar en cuenta la opinión de las asociaciones civiles e instituciones que investigan el tema y, sobre todo, incluir a las mujeres que son afectadas, ya sea directa o indirectamente, por el comercio sexual.

Fotografía: El País

Redacción

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