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Multan a hombres que aborden vagones exclusivos para las mujeres

La falta de información y el desconocimiento público de las medidas impuestas genera detenciones arbitrarias en los vagones exclusivos para las mujeres; ONU Mujeres reportó que los ataques más frecuentes son las miradas lascivas, acercamientos indeseados, tocamientos y la toma de fotos y video.

Metro

Los vagones exclusivos para las mujeres son una medida que el Metro de la Ciudad de México implementó desde la década de los 70 para combatir el acoso sexual. Desde entonces, a lo largo del tiempo se han realizado una serie de modificaciones a esta estrategia para asegurar su mejor funcionamiento, aunque con resultados cuestionables.

A finales de abril, por motivo de la Movilización Nacional en Contra de las Violencias Machistas, las autoridades capitalinas anunciaron los cambios más recientes para reforzar la seguridad en este medio de transporte. Gracias al operativo Viaja Segura, el horario de los vagones exclusivos ahora es de 5 a 24 horas, los siete días de la semana.

Además, 291 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local y 475 integrantes de la Gerencia de Seguridad Institucional y policías adscritos al Sistema de Transporte Colectivo (STC), serán los que velen por el cumplimiento de este programa. En el caso de las Líneas 2, 7 y 12, las cuales cuentan con trenes articulados, un elemento de seguridad estará ubicado al interior del vagón para garantizar que ningún hombre traspase la división.

Sin embargo, la falta de información y el desconocimiento público de las medidas impuestas provoca detenciones arbitrarias y confusiones entre los usuarios masculinos. Verne contó la historia de Iván Wenseslao Jiménez, diseñador gráfico que un día abordó el metro en la estación Allende, que ingresó a un vagón de uso exclusivo para las mujeres por accidente, debido a que no había policías o señalizaciones que le prohibieran hacerlo.

Estaciones más adelante, integrantes de la policía auxiliar de la SSP le pidieron que bajara y lo trasladaron, junto con otros detenidos, al Centro Integral de Justicia Cívica Guerrero, un juzgado para infracciones menores. Iván y los demás pasajeros fueron acusados de incumplir la fracción XI del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en donde se señala que está prohibido ingresar a zonas de acceso restringido en lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos.

Asimismo, la legislación establece multas que oscilan entre los mil 526 y los 2 mil 150 pesos, pero aquellos que puedan probar que ganan un ingreso menor al salario mínimo sólo pagan 200 pesos. Tal fue el caso de Iván, quien al llegar al centro de justicia fue revisado por médicos legistas, le ofrecieron un desayuno y le comentaron que podía pasar 25 horas arrestado en caso de que no quisiera pagar con dinero la sanción.

Pero el titular del STC, Jorge Gaviño, aclaró que los elementos de seguridad actuaron de forma indebida en esta situación: “La detención no es inmediata, sólo se realiza cuando el usuario no obedece y se rehúsa a quedarse en el área restringida“. Agregó que pronto colocarán carteles que informen a la gente sobre las modificaciones implementadas por el operativo Viaja Segura.

De acuerdo con el estudio El porqué de la relación entre género y transporte de el Banco Interamericano de Desarrollo, la CDMX tiene el sistema de transporte más peligroso para las mujeres en América Latina y el Caribe. En segundo lugar se encuentra Bogotá y en tercero Lima. El Banco Mundial, por su parte, registró que el 65 % de las mujeres aseguraron haber sufrido acoso en el transporte público, lo que obligó a que el 40 % de las víctimas tuvieran que cambiar su vestimenta para evitar futuras agresiones.

ONU Mujeres reportó que los ataques más frecuentes son las miradas lascivas (93 %), acercamientos indeseados (65 %), tocamientos (50 %) y toma de fotos y video (39 %). Aunado a lo anterior, denunciar continúa siendo un proceso complicado y revictimizante, lo que explica que tan sólo una quinta parte de las afectadas ponga una denuncia formal ante las autoridades.

Redacción 

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