Estás aquí
Inicio > Política > La tradición contra la participación política de las indígenas

La tradición contra la participación política de las indígenas

En América Latina y El Caribe hay 27.7 % de parlamentarias en los congresos hasta septiembre de 2015; gracias a una iniciativa de Eufrosina Cruz se reformó el Artículo dos  para consagrar los derechos político-electorales de las indígenas.

mujeres indígenas

En la región de América Latina y El Caribe los derechos político-electorales de las mujeres avanzaron hacia la igualdad, ya que tiene la medida regional más alta a nivel mundial en cuanto a participación política de las mujeres con un 27.7 % de parlamentarias en sus congresos hasta septiembre de 2015, señaló un estudio de la organización de Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-Mujeres).

A pesar de los avances, los obstáculos sociales, institucionales y culturales que enfrentan las mujeres en su participación en la vida pública continúan, acentuándose para las mujeres indígenas.

Cuando las indígenas reclaman sus derechos a acceder a las esferas de toma de decisiones en sus comunidades los derechos humanos consagrados en tratados internacionales y la legislación nacional se enfrentan contra las tradiciones de usos y costumbres arraigadas en diversas comunidades, es decir, aunque sus derechos político-electorales se reconocen a nivel nacional e internacional, si en su comunidad de origen es tradición que las mujeres no participen en lo público, su ejercicio del poder se limita.

En México gracias a una iniciativa de la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza en 2015 se reformó el Artículo 2 de la Constitución mexicana para consagrar los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.

En dicho artículo constitucional se reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas a regirse por sistemas de usos y costumbres, mientras que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su Artículo cinco establece el derechos de los pueblos originarios a la participación plena en la vida política, económica, social y cultural del Estados.

La coexistencia de estas dos formas de elección de autoridades municipales es complicada en entidades como Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala, donde el reto, al igual que en el resto del país, es que las mujeres indígenas lleguen a los cargos de elección popular no sólo en los ayuntamientos, sino en todos los niveles de gobierno ya que a pesar de estos lineamientos y de las políticas impulsadas para la participación política de las mujeres, la cultura carente de perspectiva de género sigue afectando estos derechos, de acuerdo con un análisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2014.

Fotografía: Sexta Azcapotzalco

Corina del Carmen

Top