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10 años de San Salvador Atenco: la vida de las mujeres antes y después

Una de las víctimas fue obligada a dar sexo oral a varios policías y otras fueron penetradas con los dedos u otros objetos; en 10 años más de 150 mil personas han sido asesinadas y otras 27 mil han desaparecido sin dejar rastro, en el país.

mujeres de atenco

Han pasado más de 10 años de la represión en San Salvador Atenco y Texcoco, en mayo de 2006. 27 mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente por policías en el operativo que se llevó a cabo en el Estado de México. 11 de las víctimas lucharon para que el caso trascediera fronteras.

Las botas negras de los agresores permanecieron en la memoria de las mujeres y hombres que quedaron sometidos en el piso. Los policías los subieron a autobuses y las llevaron a distintos lugares. Diversas fueron las humillaciones a las que las mujeres fueron sometidas: a algunas les mordieron los senos o les pellizcaron los pezones. Una de las víctimas fue obligada a dar sexo oral a varios policías, mientras que otras fueron penetradas con los dedos o con otros objetos.

Las detenciones arbitriarias y las torturas sexuales de las que fueron víctima ocurrieron cuando Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, era gobernador del Estado de México. Tras una exhaustiva investigación, la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) dictaminó que el gobierno mexicano no fue capaz de otorgarle justicia a estas mujeres y exhortó a realizar una investigación completa para determinar a los responsables.

Entre las mujeres, las labores eran variadas. Comerciantes, estudiantes, activistas. Ahora todas comparten las huellas de las vejaciones que sufrieron y que literalmente dividieron su vida en dos: antes y después de ese día.

Mirada Sostenida

El 18 de noviembre de 2011 la CIDH admitió el caso de Mariana Selvas Gómez, y otras, contra México, con el respaldo de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, advirtió que “este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado”.

A través del proyecto artístico Mirada Sostenida: “Resistir es sostener la mirada”, las mujeres que presentaron esta denuncia internacional mantienen información testimonial, fotografías y seguimiento al caso.

La comisión entregó la semana pasada su informe a la Corte Interamericana, un tribunal independiente con autoridad legal en México. Si la corte está de acuerdo con el dictamen de la comisión, puede ordenarle a México que extienda su indagación sobre el caso, un requisito que podría obligar al Estado a investigar a su propio presidente.

La comisión sugiere que el gobierno estatal a cargo de Peña Nieto quiso minimizar e incluso ocultar el suceso. Quizá el ejemplo más espeluznante sea la decisión del gobierno de perseguir a las víctimas: en vez de ir tras los policías que habían cometido las torturas sexuales, el Estado inicialmente procesó a las mujeres. Cinco fueron encarceladas durante un año o más, por cargos como atacar a un policía. Una mujer que fue violada varias veces pasó dos años en prisión por cargos falsos, determinó la comisión.

Aunque no es probable que el gobierno lleve a cabo una investigación sobre el papel de Peña Nieto en las redadas o en un potencial encubrimiento de los hechos, este nuevo dictamen es un recordatorio de los casos que siguen sin resolverse en el país, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa hace dos años. Desde 2006, más de 150 mil personas han sido asesinadas y otras 27 mil han desaparecido sin dejar rastro, en el país.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno mexicano señaló que “hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.

En ese contexto, el gobierno de México dijo que “desde marzo de 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión. Acorde con ello, el Estado ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares”.

Fotografías: Mirada Sostenida

Darina Silverstone: @DarinaSilver

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